La expedición de Certificados de empadronamiento durante el Estado de alarma y su incidencia en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, viene a recoger una importante batería de medidas en diferentes ámbitos a fin de hacer frente al impacto que el COVID-19 (también conocido como coronavirus) está teniendo en la economía y en la sociedad en su conjunto. Las principales novedades para el ámbito de la Administración Pública han sido recogidas por Concepción Campos en esta entrada. Algunas de estas modificaciones son de profundo calado, como la celebración de plenos de forma telemática, cuestión que ya ha sido abordada por algunos compañeros, como es el caso de Víctor Almonacid, en su blog. Incluso en el ámbito de la contratación pública también se incorporan importantes medidas que han sido recogidas por Estaban Umerez en su blog.

Dejando al margen estas cuestiones, que han sido ya tratadas por otros compañeros, lo que pretendo poner de relieve en esta entrada es una cuestión que parece haber pasado inadvertida, pero que, sin embargo, tiene enorme trascendencia en el ámbito de la Administración local, como es la emisión de los certificados de empadronamiento durante el Estado de alarma.

Con la declaración del Estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, muchos municipios, cumpliendo así las exigencias y recomendaciones de las autoridades sanitarias, dejaron de prestar servicio de atención al público, remitiendo a los ciudadanos a la Sede electrónica, si precisaban iniciar algún trámite administrativo. Esta previsión era una consecuencia directa del Real Decreto 463/2020, porque precisamente en el art. 7.1 de éste, se indicaba que, durante la vigencia del estado de alarma, las personas solamente pueden circular por las vías o espacios de uso público para la realización de una serie de actividades, dentro de las cuales no se encuentra acudir a la Administración Pública. Por lo tanto, al entender que los ciudadanos tienen prohibido acudir al Ayuntamiento, no parece que tenga sentido que se pueda mantener la atención al público de Registro o de departamentos como estadística o padrón.

Además, estas actuaciones se incardinaban de forma adecuada con la suspensión de los plazos administrativos, prevista en la Disposición Adicional 3ª del mencionado Real Decreto 463/2020, -cuyo régimen jurídico ha sido expuesto de forma exhaustiva y muy clarificadora por Diego Gómez en su blog– por lo que, en un primer momento, el cierre presencial de los Registros en los Ayuntamientos no comportaba mayor problemática.

En este contexto, parecía plausible que se siguieran emitiendo certificados de empadronamiento a las solicitudes de los interesados si éstos lo solicitaban por la sede electrónica del Ayuntamiento correspondiente, indicando expresamente su conformidad con la continuación de dicho trámite, de conformidad con el apartado 3 de la Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020.

Y es, nuevamente, en este contexto en el que se dictó, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se recogía en su art. 11.1.c) .II, que la acreditación de la situación de vulnerabilidad económica para la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, debía realizarse, entre otros medios, mediante la presentación de Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

Pero además, previsiblemente la demanda de los Certificados de empadronamiento se va a incrementar considerablemente tras la publicación del Real Decreto-ley 11/2020, que exige el Certificado mencionado anteriormente para la acreditación de las condiciones subjetivas a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual (art. 6.1.c).II) y para la moratoria de hipotecas (art. 17.1.c).II) y también para la obtención del bono social para trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación (art.28.4).

Estas medidas van a afectar a un número importante de ciudadanos y por ello, se van a incrementar las demandas de los correspondientes certificados. Y este aumento de la demanda, debería ir acompañada, como no puede ser de otra manera, de una gestión adecuada de los departamentos de Padrón y Estadística de los municipios españoles durante el Estado de alarma, que como recordamos, se encuentran cerrados la mayoría de ellos.

Debemos recordar, que las personas físicas no están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (art.14.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino que éstas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos.

Sin embargo, en los Reales Decretos-leyes mencionados, se impone una obligación para los ciudadanos que quieran obtener las ayudas correspondientes, deben obtener los Certificados de empadronamiento exigidos. Y como consecuencia de la situación de Estado de alarma, la obtención de éstos puede convertirse en una auténtica gymkana, que pueden encontrarse sin certificado digital, con oficinas presenciales cerradas y con dificultades para realizar los trámites necesarios para su obtención.

Lo cierto es que, en aras a la seguridad jurídica, la única solución posible a día de hoy para la obtención de los mismos, es que éste se solicite por Sede electrónica, obteniendo dicho Certificado igualmente por medios electrónicos. Esta es la opción que mayoritariamente se está empleado por las diferentes Administraciones locales.

Siendo conscientes de esta disyuntiva, precisamente en lo que se refiere a poder garantizar la identificación del solicitante, por el Consejo de Empadronamiento se ha emitido una Nota informativa -de la que se ha hecho eco la Federación Española de Municipios y Provincias, en este enlace– propone la siguiente solución:

“El Ayuntamiento tiene que asegurarse de que quien solicita el certificado es el propio interesado, por lo que en los supuestos en que el solicitante no pueda identificarse y firmar electrónicamente, y atendiendo a las excepcionales circunstancias creadas por la declaración del estado de alarma, una posible solución sería pedirle que envíe por correo electrónico a una dirección del Ayuntamiento la siguiente documentación:

 – Copia cifrada de un documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte…), para lo que bastaría con comprimirla con una contraseña robusta1 que luego se enviará en un correo aparte.

 – Si el certificado que se solicita es colectivo se deberán enviar por el mismo sistema copias de los documentos acreditativos de la identidad de todos los empadronados en el domicilio. Para los menores de edad se deberá aportar copia del certificado de nacimiento o del libro de familia.

– Escrito firmado por el solicitante indicando una serie de datos como, por ejemplo, el nombre y apellidos, dirección de empadronamiento en el municipio, el nombre y apellidos de los demás empadronados en el domicilio para certificados colectivos, dirección del correo electrónico, motivo de la solicitud, teléfono de contacto…; con el objetivo de aumentar las garantías en la comprobación de su identidad y de no facilitarle en el certificado información que él no haya dado previamente.

– En el caso de certificados colectivos, un escrito firmado por todas las personas mayores de edad empadronadas en el domicilio autorizando al solicitante del certificado.

Una vez confirmada la identidad, el Ayuntamiento podría remitir por correo electrónico el certificado de empadronamiento también en un documento cifrado, cuya contraseña se enviará en un correo aparte”.

Esta Nota informativa viene a tratar de paliar los efectos negativos que supone que los ciudadanos no dispongan de certificado electrónico para poder realizar sus trámites electrónicos y es de agradecer que por parte del Consejo de Empadronamiento se haya tratado de encontrar soluciones a esta problemática.

Sin embargo, considero que esta tramitación no es la más sencilla para resolver esta problemática porque requiere conocimientos informáticos que son desconocidos para la mayor parte de la población, por lo que difícilmente va a ser una solución a tener en cuenta por los municipios, sobre todo por los más pequeños.

ACTUALIZACIÓN DE 06/04/2020: Debemos señalar que por parte de la Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento se ha procedido a emitir una nueva Nota de 3 de abril de 2020, en el que, propone una solución más sencilla para los Ayuntamientos que la que proponía en la anterior Nota de 31 de marzo. En este sentido, señala la nueva Nota que los Ayuntamientos deben “pedir al ciudadano que envíe por correo electrónico a una dirección del Ayuntamiento la siguiente documentación:

-Copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte…), en cualquier formato legible (PDF, formatos de imagen…).

-Si el certificado que se solicita es colectivo se deberán enviar copias de los documentos acreditativos de la identidad de todos los empadronados en el domicilio. Para los menores de edad se deberá aportar copia del certificado de nacimiento o del libro de familia.

Escrito firmado por el solicitante indicando una serie de datos como, por ejemplo, el nombre y apellidos, dirección de empadronamiento en el municipio, el nombre y apellidos de los demás empadronados en el domicilio para certificados colectivos, dirección del correo electrónico, motivo de la solicitud, teléfono de contacto…; con el objetivo de aumentar las garantías en la comprobación de su identidad y de no facilitarle en el certificado información que él no haya dado previamente.

-En el caso de certificados colectivos, un escrito firmado por todas las personas mayores de edad empadronadas en el domicilio autorizando al solicitante del certificado.

El Ayuntamiento acusaría recibo de la solicitud por el mismo medio y comprobaría que el solicitante y los que le autorizan están empadronados en la vivienda, pudiendo después remitir el certificado con los datos de los empadronados a la dirección de correo electrónico establecida por el solicitante“.

No cabe duda de que la solución que ahora propone el Consejo de Empadronamiento es más acorde a los medios telemáticos y personales de los que disponen los Ayuntamientos durante el Estado de alarma, pero también es más asequible para el conjunto de los ciudadanos, que ven facilitada la tramitación de su expediente que, en definitiva, era una de las reivindicaciones que recogíamos en esta misma entrada la semana pasada.

Es de agradecer, por tanto, que desde el Consejo de Empadronamiento también se haya realizado un esfuerzo por facilitar la gestión administrativa tanto para Ayuntamientos como para los ciudadanos, dando alternativas realistas y acordes a la realidad local.

No obstante, seguimos manteniendo que lo cierto es que sería recomendable que por parte del Ministerio correspondiente se configurara alguna solución provisional que permitiera a los ciudadanos obtener dichos certificados de una forma más sencilla y cómoda. No debemos olvidar que parte de las ayudas van dirigidas a los colectivos más desfavorecidos y es precisamente a ellos a los que hay que intentar prestarles el mejor servicio, pero también el más eficiente y rápido.

Parece que hay intención de solucionar la expedición de certificados electrónicos cualificados, a la vista de la Disposición Adicional Undécima del Real Decreto-ley 11/2020, cuando señala que “durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la expedición de certificados electrónicos cualificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. A tal efecto, el organismo supervisor aceptará aquellos métodos de identificación por videoconferencia basados en los procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en el nivel de seguridad será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad. Los certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar el estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre el titular y las Administraciones públicas”.

Pero desconocemos a día de hoy cuales van a ser las implicaciones derivadas de dicha regulación y si existe alguna intención de ir más allá de las propuestas que hasta ahora se han planteado.

En definitiva, lo único que se pretende es poner de relieve la necesidad de que se aborde una importante problemática que puede afectar a un número importante de municipios españoles que no cuenten con los medios suficientes para configurar trámites alternativos al certificado electrónico, así como a un número importante de ciudadanos que a día de hoy carezcan de certificado electrónico. Es un ejercicio conjunto de responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas, que deben apoyarse las unas a las otras y más en estas circunstancias.

No debemos olvidar que por Real Decreto-ley se está imponiendo a los ciudadanos unos requisitos que en pleno Estado de alarma pueden resultar difícil de cumplir. En una situación como la actual, más que nunca la Administración debe estar al servicio de los ciudadanos, prestando servicio de la forma más accesible y fácil posible. Es un derecho de los ciudadanos pero sobre todo, una obligación de la Administración.

Un comentario en “La expedición de Certificados de empadronamiento durante el Estado de alarma y su incidencia en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo

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