En este Blog ya hemos abordado la difícil situación en la que nos encontramos los Habilitados Nacionales, por lo que siguiendo esta línea de defensa que de forma decidida impulsamos desde este blog, es un honor para mí contar con la participación en este caso de un compañero de profesión y de batallas en defensa del Colectivo de habilitados nacionales, que de forma brillante expone los motivos por los que debemos defendernos con todos los medios a nuestro alcance, incluyendo la manifestación convocada para el 14 de junio y cuya reflexión os dejo a continuación.

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Autor invitado: José LLamas Iniesta,

Secretario-Interventor de Administración local (FHCN)

El 14 J ya está marcada por derecho propio como una de las fechas más trascendentes en la historia moderna de la habilitación nacional, ese ignoto cuerpo de abnegados funcionarios -Secretarios, Interventores, Tesoreros, o todo a la vez- que se baten el cobre diariamente en las salas de máquinas de las entidades locales de nuestro país (8.117 municipios más otras tantas entidades). El 14 J, decenas, cientos, esperemos que el máximo posible de sus componentes, van a gritar ‘basta ya’ y van a dar un golpe sobre la mesa ante el ignominioso panorama que se les avecina y ante una calamitosa realidad de precariedad e insuficiencia de medios y recursos que se ha venido perpetuando en las últimas décadas, en las que se las han visto y deseado para hacer frente a una ‘maraña legislativa’ (el Banco de España apunta a que en 40 años se ha cuadruplicado el número de normas) no siempre, o mejor dicho, casi nunca, destinada a mejorar las cosas sino a empeorarlas, o a empantanarlas.

El 14J los habilitados nacionales van a la plaza de las Cortes principalmente a dejarse ver. De una vez por todas. Van en una tórrida mañana de Junio a poner en valor su trabajo, probablemente, el más determinante dentro de un entramado administrativo, puesto que en otros niveles estatales o autonómicos, las funciones se encuentran bastante más repartidas y jerarquizadas. No existe parangón en la legislación española: sobre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (y los Secretarios-Interventores-Tesoreros, santísima Trinidad en los pequeños municipios) recaen la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. Pero es que no sólo recae sobre ellos, es que se les ‘reserva’ expresamente con exclusión expresa de todos los demás y, a tal efecto, se configura un régimen específico de selección y provisión para que aquellas puedan ser desempeñadas por estos funcionarios de forma íntegra, dando cumplimiento al mandato del artículo 103 de la Constitución, esto es, que las entidades locales sirvan con objetividad a los intereses generales de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, pero sobre todo, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

No nos engañemos, la cesión puramente política al País Vasco de las competencias para la selección, formación y provisión de estos funcionarios en su ámbito territorial, por la ‘gatera’ de la Ley de Presupuestos, y ahora la oferta de estabilización extraordinaria de muchas de estas plazas ‘reservadas’ para interinos de larga duración, que además, ha sido convocada en paralelo a una ordinaria donde se va a seguir velando – y de qué forma- por los principios de mérito y capacidad -quien haya concurrido a los exámenes de promoción interna, lo sabe- , no deja de ser otra muesca más del desprecio absoluto y el descaro con que nuestros gobernantes y parlamentarios manejan los principales resortes del Estado.

Ya lo advirtió en prensa la abogada del Estado, Elisa de la Nuez, que en una elocuente y descorazonadora tribuna tituló: ‘Desmontando el Estado de Derecho’. Piedra a piedra, asistimos impertérritos al menoscabo frívolo y a la demolición sistemática de nuestras instituciones democráticas a manos de una ‘pléyade de advenedizos oportunistas’ -Ignacio Camacho- , con gran habilidad para los fuegos artificiales y la propaganda pero sin el menor bagaje intelectual ni ético.

Por eso, el 14 J, estos funcionarios, que llevan a fuego grabado en su frente el artículo 1 y el 23.2 de la Constitución que recitaban de memoria, preceptos en los que creen ‘a pies juntillas’, afuera ideologías y sectarismos, van a ir a recordarlos con tinta indeleble a las paredes del Congreso para que, por lo menos, azucen esa percepción de que alguien les queda enfrente, para que no se extienda por más tiempo esa impresión generalizada de que como sociedad estamos asumiendo con laxitud y apatía el deterioro institucional, que si bien lleva años produciéndose con partidos de uno y otro signo, se ha acelerado notablemente en los últimos tiempos. Son los habilitados nacionales, pero son también los jueces, vilipendiados por fascistas y misóginos, sorteados por el uso torticero del indulto; son los fiscales, liderados por una ex ministra del Gobierno, para que ‘se note’ el ‘respeto’ que al Ejecutivo le produce la ‘separación de poderes’.

En definitiva, el 14 J, los habilitados nacionales van a ir como profesionales, pero también como ciudadanos libres, formados, con pensamiento crítico, como resortes de ese Estado de Derecho al que están llamados a propugnar, no sólo con sus informes, sino también con otros instrumentos tal vez más reivindicativos e igualmente constitucionales. Sería una lástima y una estupidez que abordáramos este asunto desde la recurrente simpleza, el absurdo ‘corporativismo’ colegial o el reduccionismo de la ideología. Conozco quienes no ven con buenos ojos este ‘señalamiento’ por entender que ese no es ‘nuestro lugar’ quizá porque como en el ‘mito de la caverna’ de Platón nos falta ascender de la galera al mundo exterior, pasar de la oscuridad a la luz, para descubrir nuevos horizontes, merodear nuevas metas, que quizá sean inalcanzables desde el rigor de los despachos.

Que las instituciones democráticas, que la monarquía parlamentaria como forma constitucional de Estado, que los cuerpos funcionariales que abogan por el servicio y el interés público, que la separación de poderes, que el acceso al empleo público de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, que la Educación o la Cultura, la integridad del territorio, que nuestra lengua vehicular, que todas estas cuestiones de interés general, verdaderos pilares del Estado, se están viendo agredidas por nuestros políticos con una temeridad mostrenca, con un ensimismamiento adánico, con un narcisismo aterrador, no es un asunto sobre el que quepa mucha discusión, más allá, insisto, de quienes cegados por el apriorismo doctrinario, no quiera, o no sepa verlo, desde la mermada óptica y el engolamiento voluntario de la trinchera falsamente corporativa o ideológica.

Solo espero de ‘mi cuerpo’, de los habilitados nacionales, la experiencia de la mirada larga, sopesada, baqueteada y siempre escéptica acuñada desde la Constitución de 1812. Solo espero de ellos que el 14 J sea la muestra de que es un colectivo que no se conforma, que no se amedrenta, que no se limita, día sí y día también, a sortear la anomalía institucional, pero que en realidad ha de asumir como un hecho rutinario, porque eso es lo que quieren los que nos gobiernan, que a base de repetición, terminemos dando encaje a la estulticia en el paisaje cotidiano, con el efecto ‘balsámico’ del reparo suspensivo que nunca va a ningún sitio. Igual que el conjunto de la sociedad. Exactamente igual.

El 14 J iremos a defender la cualificación, el mérito y capacidad, pero no sólo en nuestro frente, sino y en general, como bandera de la búsqueda de la excelencia en nuestra sociedad, que esgrimiremos frente al ‘plagio’, la mediocridad, la autocomplacencia, el nihilismo y el fracaso colectivo. Porque esa es la única receta contra la planicie. En realidad, mal que pese a muchos, somos un colectivo adaptadizo, nunca contrario a evolucionar con la sociedad de la información, pero que no se va a dejar engañar bajo el ruido de los planes anticrisis, de ‘captación del talento’ con su pedante neolenguaje pseudotecnocrático ni con otras patrañas que se están extendiendo en multitud de campos de la acción pública colonizados por el sesgo ideológico, impuesto siempre para desplazar el cauce normativo y ético. Y para engordar la billetera de muchos ‘gurús’ afines. Todo sea dicho.

No podemos tolerar, lo advertía De la Nuez, que los instrumentos normativos esenciales para la convivencia democrática se arrumben como trastos en una esquina, que se sustituyan por otros más ‘llevaderos’, y que a los funcionarios seleccionados para protegerlos, se les despoje de toda garantía, se les desactive literalmente o se les sustituya veladamente por correligionarios adeptos a la ‘causa’. No podemos lanzar ese mensaje a la ciudadanía, porque acabarán interiorizando la irregularidad como un hecho natural, lógico o disculpable y en vez de llamarse a escándalo, se acostumbren a ella por puro cansancio (otra vez, Camacho). Eso sería la muerte del Estado de Derecho. La vuelta al ‘caciquismo’ en versión ‘ecofriendly’ del siglo XXI.

Yo solo espero eso de ‘mi gente’. Un grito, hondo, sentido y emocionado, de ‘basta ya’. Un colectivo que vaya ‘a una’ de una vez por todas. Por su propia supervivencia. Por su propio ser.

Que la Virgen del Pilar nos ampare.